El Ministro de Comercio, Sr. Said Djellab, ha anunciado que un impuesto adicional provisional sobre las importaciones de productos acabados ha sido introducido en la Ley de Finanzas complementaria (LFC) 2018. Este impuesto que entrará en vigor en el mes de junio o julio, servirá para reforzar las medidas de protección de la producción nacional y reducir la carga de las importaciones y el déficit comercial.

El hecho de que el Gobierno recurra a un impuesto provisional y no permanente se debe a que las tasas provisionales responden a una coyuntura excepcional y son muy eficaces, mientras que el cambio de los impuestos permanentes podría dar una imagen inestable de la economía del país.

El Ministerio de Comercio prevé una reunión durante el mes de Ramadán, con los operadores que trabajan en las distintas ramas de producción para evaluar el volumen de la producción nacional capaz de responder a las necesidades del mercado.

Los insumos para la producción en camino de ser eliminados  de la lista de mercancías prohibidas a la importación

El Ministro de Comercio ha informado que la factura de las importaciones ha registrado una reducción de un 6% durante el primer trimestre de 2018, en comparación con la factura del mismo período de 2017, debido tanto a la aplicación de la suspensión temporal de las 851 mercancías a la importación, desde enero de 2018, como al aumento de los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos, gracias al alza del precio del petróleo. En este marco, ha anunciado que pronto se eliminarán los sumisos para la producción de dicha lista que, una vez que esté actualizada, solo concernirá los productos acabados.

A título indicativo, ha citado como ejemplos de ahorro, más de 300 millones de dólares en importación de teléfonos móviles y unos 340 millones de dólares en la importación de cerámica, indicando que "Argelia se está moviendo, a largo plazo, hacia el desarrollo de medidas proteccionistas no arancelarias para sus productos, en el respeto de las normas estándares", subrayando los esfuerzos consentidos por el Estado para luchar contra la sobrefacturación en las operaciones de importación que causa una verdadera hemorragia de la moneda fuerte del país.